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Chile
Colegio de Periodistas expulsa a
un periodista-agente de la DINA por fabricar noticias en 1975 y sanciona
a otros cuatro que amplificaron mentiras de la dictadura
Ernesto Carmona
Secretario Ejecutivo CIAP-FELAP
Santiago de Chile, jueves 17 de mayo de 2007
El
Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que llegó a convertirse en
periodista y suspendió por un año, con censura pública, a otros cuatro
profesionales con formación universitaria que colaboraron en la
fabricación de noticias falsas para encubrir asesinatos de opositores
políticos a la dictadura de Augusto Pinochet.
El
Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano
(Santiago) del Colegio de Periodistas expulsó a Carlos Roberto Araya
Silva, un ex locutor de la radio Sargento Aldea de San Antonio a quien
el jefe de la DINA, el entonces coronel de Ejército Manuel Contreras,
introdujo en la televisión del Estado, y suspendió por un año, con
censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente
Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, periodistas formados en diferentes
universidades que colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Canal
7, Televisión Nacional (TVN), y la Corporación de TV Canal 13, de la
Pontificia Universidad Católica.
Los
sancionados participaron en el montaje comunicacional de un
enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y críticos de la dictadura que
jamás existió, difundido además por los diarios La Tercera,
Últimas Noticias, la revista Qué Pasa y otros medios. Qué
Pasa incluso entrevistó a Rodolfo Pávez, un niño de 8 años, como
“testigo presencial”. “Yo los vi”, dijo Rodolfo. “Por los faldeos de
esos cerros que le son tan familiares, Rodolfo vio bajar a siete
extraños. Entre ellos había dos mujeres, y los hombres las ayudaban a
saltar el canal que ese día venía con agua. Iban corriendo”, relata a
Qué Pasa, con aplomo”, aseguró la edición Nº 240 de la revista que el 27
de noviembre de 1975 publicó esta joyita de la mentira hecha periodismo.
La
DINA fabricó la noticia sobre este hecho falso con la complicidad de la
Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), el ente propagandístico
del régimen militar, donde laboraban muchos periodistas con formación
universitaria que aún se encuentran activos e incluso enseñan la
profesión en diferentes universidades privadas, incluido el ramo de
“ética periodística”.
En
rigor, no hubo enfrentamiento armado, sino un montaje comunicacional
para disfrazar el asesinato de siete personas que se hallaban recluidas
en el Cuartel Terranova del Ejército, más conocido como Villa Grimaldi.
Este episodio, que contó entre sus víctimas a una mujer embarazada,
ocurrió el 19 de noviembre de 1975 y se le recuerda como “El Caso
Rinconada de Maipú”. Otros montajes periodísticos de esa misma época,
como el “Caso de Los 119” u “Operación Colombo”, de junio de 1975,
encubrieron asesinatos y desapariciones de opositores a la dictadura.
También el periodista Augusto Carmona Acevedo fue asesinado por la
espalda en 1977, cuando ingresaba a su domicilio en Santiago, pero la
versión periodística lo hizo aparecer como muerto en un “enfrentamiento”
a balazos. La verdad es que nunca tuvo la oportunidad de defenderse de
sus asesinos, quienes viven impunes hasta hoy.
Asesinatos selectivos
El
juicio ético fue solicitado el 25 de abril de 2006 por Isabel Gallardo
Moreno, familiar de cinco de las siete víctimas: Catalina Ester Gallardo
Moreno, su hermana de 30 años, a quien le arrancaron los ojos; Mónica
del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, profesora de educación básica,
embarazada de tres meses y cónyuge de su hermano Roberto Gallardo Moreno
–asesinado el día anterior–; Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 63
años, tornero, padre de los Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes
Garrido, Luis Andrés Gangas Torres, Felipe Cárcamo y Pedro Blas Jeldrés.
La muerte anterior de Roberto Gallardo, al parecer en un enfrentamiento
de verdad, desencadenó la feroz venganza de la DINA contra su familia.
Las
siete víctimas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1975 por la
Policía de Investigaciones de Chile (PICH), cuyo jefe, el hoy general
retirado de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, decidió enviar a la DINA a
quienes terminaron muertos. Los demás detenidos de la familia, como
Isabel Gallardo, junto con otro hermano llamado Guillermo Gallardo
Moreno, su madre Ofelia Moreno Aguirre y dos niños menores, sobrinos
suyos, fueron dejados en libertad durante la noche del día 18.
Las
víctimas, que sufrieron atroces torturas antes de morir en Villa
Grimaldi, fueron detenidas ante testigos en sus domicilios, e incluso
con otros familiares como en el caso de los Gallardo, o en sus lugares
de trabajo. Todas estas personas fueron vistas todavía vivas por otros
detenidos de ese centro de la DINA. En cuanto quedaron en libertad,
Isabel Gallardo y su madre iniciaron de inmediato las gestiones por sus
seres queridos ante el Comité Pro Paz, sustentado por las iglesias
cristianas, pero el 19 de noviembre de 1975 se llevaron la sorpresa de
ver y escuchar al hombre ancla del noticiario estelar de TVN, Julio
López Blanco, en cuclillas sobre un paraje del fundo La Rinconada de
Maipú, al sur-oeste de Santiago, informando que sus familiares habían
muerto allí, en ese mismo lugar, durante un “violento enfrentamiento”
con fuerzas de seguridad. Como “prueba” irrefutable, López Blanco
exhibió media docena de cápsulas o vainillas de proyectiles de uso
militar.
El
asesinato de estos disidentes políticos de la dictadura fue investigado
por la justicia del crimen, en el proceso judicial caratulado “Familia
Gallardo-Gangas”, Rol 2.182-98, a cargo del juez Alejandro Solís Muñoz,
ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también citó a
declarar a López Blanco y al ex DINA Araya, entre otros. Según la
acusación de Isabel Gallardo, Julio López Blanco, que actualmente
trabaja en Mega visión –propiedad de Ricardo Claro– tuvo una actuación
“mal intencionada y mentirosa, como se ha comprobado en el curso de la
investigación judicial”. Claudio Sánchez, quien también trabaja en
Megavisión, emitió un informe parecido por el Canal 13 de la Universidad
Católica.
Incoherencias del género “periodismo de ficción”
“Están los testimonios del violento enfrentamiento: vainillas vacías,
muchas vainillas vacías”, reportó el periodista Julio López, vestido con
un impecable traje de lino blanco, en un lugar agreste, de vegetación
baja, donde no se observan cadáveres, huellas de sangre o señal alguna
de ningún “violento enfrentamiento”, excepto las cápsulas que enseñó a
los televidentes. “Hay seis o siete [vainillas] aquí en este lugar y
muchas otras más esparramadas por aquí en el cerro”, subrayó López
Blanco. Más o menos una vainilla por cada víctima.
“Las
últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del
proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por
fuerzas de la DINA”, continuó “informando” el periodista López. “Y
trasladémonos ahora hasta nuestro móvil 2, donde Roberto Araya, en el
mismo lugar donde cayeron los extremistas, nos dará los nombres de ellos
y otros antecedentes de este espectacular suceso”. Y aquí intervino el
periodista-agente: “Este es el sitio exacto donde se produce la refriega
entre fuerzas de seguridad de la DINA y los seis extremistas; como puede
observarse, se ve a simple vista el lugar quemado, ello en atención a
que Seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí a los
extremistas parapetados”.
Araya muestra el lugar donde la DINA habría lanzado granadas: “Aquí
están las vainillas, incluso puede observarse una caja de cartuchos,
aquí hay una marca que se hizo posteriormente, para marcar donde cayó
uno de ellos”. Este periodismo de ficción articulado por la DINA a
través de “la televisión de todos los chilenos” era de tan mala calidad
y mentía tan impunemente que el agente Araya comenzó “informando” de una
“refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y [los] seis
extremistas” pero luego leyó siete nombres de su propia lista de
muertos. Es decir, mataron a siete “enemigos” en una refriega en que
sólo enfrentaron a seis “extremistas”.
Dijo
Araya: “Los que cayeron aquí son: Mónica del Carmen Pacheco Sánchez,
alias Lilian, perteneciente al MIR, 26 años de edad, profesora de
educación básica de la Escuela 457 de Quilicura, casada con Roberto
Gallardo Moreno, alias Juan, también del MIR, que resultó muerto en ese
tiroteo de la Escuela 51 del lunes pasado, fue quién se enfrentó al
soldado. También está caída en este sitio Catalina Ester Gallardo
Moreno, perteneciente realmente al MIR, 30 años de edad, hermana de
Roberto Gallardo. Manuel Lautaro Reyes Garrido, perteneciente al MIR;
Alberto Gallardo Pacheco, perteneciente al Partido Comunista; Luis
Andrés Gangas Torres, alias Jaime; Felipe Cárcamo, perteneciente al MIR
y Pedro Blas Jeldrés, perteneciente al Partido Comunista, alias Marcos”.
El
responsable del noticiario estelar de TVN era el director de prensa
Vicente Pérez Zurita, mientras la gerencia general del canal del Estado
la ejercía Manfredo Mayol Durán, también periodista. Claudio Sánchez
Venegas hizo un despacho similar “en vivo” y leyó la misma nónima de
muertos por la señal de Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
La
fiscal del juicio ético, Doris Jiménez, obtuvo un video del reportaje de
menos de tres minutos que fue proporcionado por TVN a los tribunales de
justicia, pero Canal 13 no quiso facilitar copia de la fiulmación que
realizó Claudio Sánchez. “Al respecto y una vez revisados los archivos
audiovisuales de Canal 13 advertimos que sólo existe sobre el particular
una nota realizada por el periodista don Claudio Sánchez, quien aparece
también en pantalla”, dice una carta dirigida al TRED, el 2 de octubre
de 2006, por Eliana Rozas Ortúzar, entonces directora ejecutiva de la
Corporación de Televisión de la Universidad Católica. El jefe máximo de
la Iglesia Católica, el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor
Francisco Javier Errázuriz, no respondió a los requerimientos del
Colegio de Periodistas.
Rozas involucró a Sánchez en el montaje comunicacional, pero rehusó
facilitar la prueba en video aduciendo un juicio laboral entre el
periodista y la estación de TV, a menos que “el Sr. Sánchez acepte de
manera fehaciente su total acuerdo a que el material sea facilitado,
eximiendo a Canal 13 de toda responsabilidad por dicha entrega”. Sánchez
no colaboró con la investigación del tribunal metropolitano y rehusó
concurrir a declarar, a diferencia de los demás imputados, quienes sí
reconocieron la tuición del Colegio de Periodistas sobre la conducta
ética de sus afiliados. En definitiva, Sánchez fue sancionado por no
colaborar con la investigación sobre su propia conducta ética.
Seis
asesinos procesados por el crimen
El
ministro Solís Muñoz estableció el 27 de febrero de 2006 que el 19 de
noviembre, el mismo día de la transmisión del montaje comunicacional, se
produjo el “homicidio calificado” de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco,
Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez y Luis
Andrés Ganga Torres. El magistrado sometió a proceso por este crimen a
Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el jefe de la DINA, y a sus subalternos
Marcelo Luis Morén Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata
Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo,
todos del Ejército, “en calidad de autores de los delitos de homicidio
calificado que contempla el artículo 391 N° 1 del Código Penal”. Todos
estos militares son responsables de numerosos otros asesinatos de
opositores a la dictadura y están implicados en decenas de juicios.
Araya declaró abiertamente que fue un agente transmutado en “periodista”
gracias a su compadre Manuel Contreras, el entonces jefe de la DINA, y a
un cursillo de “corresponsales de guerra” del Ejército, según su
declaración ante la periodista Doris Jiménez, quien actuó como fiscal,
designada por el TRED para investigar la denuncia de Isabel Gallardo.
Araya relató en el expediente que su compadre Contreras lo introdujo en
TVN para manejar la propaganda de la represión, con más poder incluso
que Pérez, el jefe de prensa, y que Mayol, el gerente general. Las
declaraciones de estos ex jefes alegando desconocer el montaje
periodístico hoy resultan sorprendentes, porque indicarían que sus
cargos eran nominales, aunque se supone que cobraban puntualmente sus
sueldos, pero en la práctica no tenían idea de qué ocurría bajo sus
narices. Es decir, como periodistas estaban bastante desinformados y
como jefes habrían pertenecido a esa categoría de quienes “no cortan ni
pinchan”. Entonces, surge la pregunta ¿para qué estaban allí? Pérez, que
también fue jefe de prensa de Canal 13, se dedica hoy a enseñar…
periodismo.
La
amistad de Araya con Contreras nació en el puerto de San Antonio donde
se desempeñaba como locutor de un programa de tangos de la radioemisora
local, mientras el futuro fundador de la DINA ejercía la jefatura del
regimiento Tejas Verdes, donde también se cometieron numerosos
asesinatos de presos políticos. Los tribunales del crimen establecieron
que Araya entregó a la DINA nombres, domicilios y datos de dirigentes de
estibadores y supuestos izquierdistas del puerto de San Antonio para su
posterior detención y eliminación.
“Desearíamos que esos periodistas, no sólo fueran repudiados por sus
pares sino también por la sociedad toda; por su conducta indecente y
vergonzante comparada con la de otros valientes periodistas que dieron
incluso la vida, por reflejar la verdad de los hechos”, aseguró Isabel
Gallardo al conocer el fallo. También insistió en la culpabilidad penal
“del jefe de la Policía de Investigaciones de Chile en 1975, el general
en retiro Ernesto Baeza Michelsen, y el personal a su cargo; aparte de
los funcionarios civiles y militares de la ex DINA, sometidos a proceso
en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de
febrero de 2006”. Añadió que “este fallo, que nos llegó justo el Día de
la Madre, aunque solo emite una sanción moral, es un bálsamo que
necesitábamos y ha sido altamente valorado por nuestras familias”.
Los
cinco periodistas afectados fueron notificados del fallo el 12 de mayo.
Tienen 15 días para apelar ante la instancia superior, el Tribunal
Nacional de Ética y Disciplina (TRINED) del Colegio.
Enlaces:
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=042757&Parte=0
http://www.colegiodeperiodistas.cl/index.php?action=documentos_colegio¬icia_id=177
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Los
Amigos, Hermanos y Compañeros (HAC) de José Couso creen que la petición
del archivo del “caso Couso” efectuada por el fiscal de la Audiencia
Nacional Jesús Alonso es un regalo de bienvenida por la próxima visita
que realizará a España Condoleezza Rice, secretaria de Estado de Estados
Unidos de América.
La
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) sumó su voz a la
Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) para expresar su
condena por la persecución, hostigamiento y asesinato de periodistas en
el mundo, en especial en América Latina.
La
moción fue planteada, una vez más, por nosotros en nombre de CIAP-FELAP
(Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas, adscrita a la
Federación Latinoamericana de Periodistas) en una conferencia regional
realizada en Montevideo convocada por UNESCO y MERCOSUR para analizar el
tema Libertad de Prensa, Seguridad de los Periodistas e Impunidad y con
ocasión del 3 de Mayo, instituido por Naciones Unidas como el “Día
Mundial de la Libertad de Prensa”.