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FEDERACIÓN
LATINOAMERICANA DE PERIODISTAS |
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Carmen Aristegui F.*
felap.info, Ciudad de México
A lo largo de los últimos 15 días he recibido una enorme cantidad de
manifestaciones de solidaridad y aprecio que, desde aquí, agradezco
profundamente. En blogs, foros de la red y espacios diversos, miles de
personas se han pronunciado sobre la cancelación del trabajo de un grupo
de profesionales –entre los que me incluyo– que desarrollaron su trabajo
en W Radio en los últimos años.
La brutalidad del silenciamiento ha detonado una cadena de reacciones y
manifesta
La dimensión de la protesta ha resultado inusitada y debemos detenernos
para tratar de entender lo que está pasando. Sin negar que se pone de
manifiesto la empatía de una audiencia con sus comunicadores, es
evidente que la dimensión del fenómeno rebasa esa primera esfera. El
tema se ha convertido en un detonador de reflexiones múltiples sobre el
papel y tarea de los medios de comunicación en una sociedad que pretende
una vida democrática.
Los análisis, protestas y reflexiones que se han generado profusamente
nos hablan de una auténtica necesidad social de revisar el estado de las
cosas sobre nuestros derechos fundamentales y de todo aquello que
conspira para que podamos ejercerlos a plenitud. El caso W involucra a
dos poderosos grupos de comunicación, Prisa y Televisa, que hoy están
siendo sancionados socialmente por haber cancelado un espacio de
comunicación cuyo vínculo con su audiencia hoy queda demostrado.
La cancelación de ese noticiero en el momento que había rebasado sus
propios récords históricos de audiencia resulta inaceptable para quienes
lo hacíamos y para los radioescuchas. La información y el contexto
disponible han hecho que impere la idea de la censura y el ajuste de
cuentas como el trasfondo del asunto. Así lo he entendido yo también. La
afectación es múltiple. Además de quien esto escribe, hay un grupo de
profesionales que han visto clausurado injustificadamente uno de sus
espacios de expresión. Denise Dresser, Lorenzo Meyer y José Antonio
Crespo vieron reducida su importante presencia pública para expresar
libremente sus pensamientos, ideas y reflexiones. Brillantes periodistas
y analistas como Lorenzo Córdova, Javier Cruz, Humberto Hernández
Haddad, Mardonio Carballo y Tomás Granados, entre otros profesionales,
han sido afectados por la decisión.
Afectados, por supuesto, son los radioescuchas que reclaman no ser
tomados en cuenta. Lo verdaderamente notable es que se echa por delante
un derecho no reconocido en nuestras legislaciones: el derecho de las
audiencias. El derecho a recibir información que resulte confiable y el
derecho a mantener un vínculo de comunicación que debe ser respetado.
El caso W Radio, marcado por la conducta de quien pide la cabeza de una
periodista y de quien la entrega bajo presiones indebidas, es un hecho
ominoso para la libertad de expresión. A mí no me queda duda alguna de
ello. Así lo han entendido también las miles de personas que se han
manifestado en rechazo a la decisión. El costo pagado por los dos
gigantes de la comunicación en los últimos días por el silenciamiento de
Hoy por Hoy es algo que no
puede pasar desapercibido por las autoridades ni por los legisladores ni
por los ciudadanos ni por los propios medios.
El asunto nos lleva a varios temas. El primero y urgente que tiene que
ver con la futura Ley de Radio y Televisión y de telecomunicaciones.
Después del umbral de discusión que dejó la Suprema Corte de Justicia,
los legisladores están más obligados que nunca para dotar al país de un
marco legal que permita, garantice y estimule la competencia, la
pluralidad, los derechos de las audiencias y de los profesionales, entre
otras muchas cosas. Se trata de poner por delante el derecho de todos
frente al de las grandes corporaciones.
El tema tiene alcance mundial. Una de las mayores tensiones que sobre la
democracia y el derecho a la información está acarreando el modelo
corporativo y trasnacional de los consorcios mediáticos es la forma en
que se toman decisiones de operación y funcionamiento de los medios de
comunicación. El debate se centra en si se puede o debe colocar la
llamada libertad de empresa por encima de la libertad de expresión o de
las libertades fundamentales de periodistas y ciudadanos.
El caso W ha tocado seriamente esa fibra. El diseño corporativo plantea
o pretende hacer de la comunicación y la información un asunto entre
particulares. Total, la corrieron y qué. Es un asunto de empresa. Esta
mirada desconoce que en la radiodifusión estamos fundamentalmente ante
un servicio público que el Estado da en concesión para que los
particulares hagan negocio y generen rentabilidad pero, por encima de
eso, generen un bien público. El Estado concesiona para atender y hacer
cumplir el derecho fundamental de informar y estar informado. Entenderlo
de otra manera justifica cualquier acción que se presente, tal y como la
que silenció sin más un espacio noticioso y de expresión en la W.
* La periodista mexicana Carmen Aristegui Flores
conducía el programa Hoy por Hoy
de W Radio, de donde fue cesada, y mantiene un espacio de entrevistas en
CNN en Español. Además, es editorialista del diario Reforma. |
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ciones que debe ser valorada y entendida a cabalidad. Miles de
correos, decenas de artículos y comentarios radiofónicos, desplegados
signados por personalidades de gran relevancia social, pronunciamientos
que desde el Poder Legislativo se hicieron y una vigorosa presencia de
organizaciones sociales, han hecho del tema un vértice para el reclamo.