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FEDERACIÓN
LATINOAMERICANA DE PERIODISTAS |
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Hernán Uribe*
José Carrasco Tapia,
asesinado el ocho de septiembre de 1986, fue el último de 25
periodistas cuya matanza inició la dictadura de Augusto Pinochet el
mismo día del golpe de Estado de 1973. Sólo tres décadas después
pudo saberse con exactitud que además 323 informadores sufrieron
prisión política y torturas como ocurrió también con otros 35 mil
chilenos. Investigaciones anteriores determinaron que unos cinco mil
chilenos fueron ejecutados, léase, asesinados.
Esos datos y otros
detalles macabros se encuentran en el
Informe sobre Prisión Política
y Tortura emitido en noviembre de 2004 por una comisión
gubernamental que, empero, fue presidida por el obispo católico
Sergio Valech. Aquella abierta criminalidad y el silencio en torno a
ella fue posible, entre varios factores, “por el total control de
los medios de comunicación e inclusive en el activo apoyo por parte
de los diversos medios escritos y de televisión a la acción del
gobierno militar” apunta textualmente ese documento. “Los medios
anuentes con las políticas del nuevo régimen, fueron factores que
abrieron paso a una de las crueles represiones conocidas en la
historia del país”, remarca.
Las denuncias constantes de
entidades como la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP),
que se iniciaron en 1976, fueron plenamente confirmadas por la
Comisión Valech al
expresar que “el golpe militar constituyó uno de los hitos más
dramáticos para el periodismo de las últimas cuatro décadas, con
graves repercusiones para los derechos y la integridad física de
muchos chilenos”. Al tenor del Informe:
La Junta Militar
instauró el control total de los medios de comunicación.
● Los pocos medios autorizados fueron sometidos a censura.
● La dictadura procedió a clausurar la prensa escrita y las
radioemisoras que fueran partidarias o respaldaban al gobierno
constitucional de Allende.
Como es conocido, el
plan para derribar el sistema constitucional y democrático en Chile
comenzó con la creación de condiciones previas como el
desabastecimiento alimenticio y la materialización de acciones
terroristas, incluidos asesinatos. En esa confabulación participaron
también los medios de comunicación existentes y algunos que se
crearon ex profeso con dineros aportados por la Agencia Central de
Inteligencia de Estados Unidos (CIA, sigla en inglés) todo lo cual
se encuentra refrendado en un documento del Senado estadounidense,
el Informe Church.
Varios confabulados
fueron periodistas. El autor de este artículo era en 1973 miembro de
la directiva nacional del Colegio de Periodistas y debe confesar que
no percibió que el presidente y la vicepresidenta de la institución,
Carlos Sepúlveda y María Eugenia Oyarzún, eran miembros del complot
pues actuaban con la misma faz traidora de su jefe, Augusto
Pinochet. Al día siguiente del golpe, Sepúlveda asumió como director
del diario gubernamental La
Nación al cual llamaron La
Patria. Oyarzún fue designada, a dedo, alcaldesa de Santiago y
luego representante chilena ante la OEA. Todo ello mientras sus
colegas eran asesinados, encarcelados y torturados.
Una “Comisión de Prensa”
se creó en secreto como coadyuvante de los golpistas. En ella
actuaron los antes mencionados y fue presidida por Federico
Willoughby (FW) quien estaba ligado directamente con la CIA.
Materializado el golpe, FW se convirtió en el asesor de prensa de
Pinochet. En 1990, la directiva del Colegio de Periodistas visitó a
Patricio Aylwin, primer Jefe de Estado electo post tiranía. Quien
nos recibió para introducirnos al despacho presidencial fue ese
mismo Willoughby quien oficiaba ahora también de Secretario de
Prensa del flamante presidente. Ese hecho fue una suerte de
confirmación acerca de que la salida de Pinochet del poder –que fue
efecto en primer lugar de la lucha popular– incluyó asimismo un
pacto del partido Demócrata Cristiano con Washington en el sentido
de mantener el sistema neoliberalista que había sido impuesto a
sangre y fuego.
El aparato burocrático
que se creó para una política (des) informativa se llamó Dirección
Nacional de Comunicación Social (DINACOS) y fue la continuación de
la Comisión FW antes mencionada. Puesto que no existía en absoluto
una prensa opositora, la acción de DINACOS que filtraba noticias
falsas y elaboraba truculencias, estaba enfilada hacia las mentes de
quienes eran receptores de mensajes supuestamente noticiosos. Toda
esa propaganda estaba plagada de una repetida terminología
calificadora del “enemigo”: guerrilleros, subversivos, apátridas,
vende patrias coludidos con el marxismo internacional y el comunismo
soviético (sic).
La Comisión Tortura
rememora que desde el mismo día 11 de Septiembre, bandos de los
golpistas amenazaron a los medios con aplicarles la fuerza si
difundían “noticias no confirmadas por la Junta del Gobierno
Militar”. Agrega que la prensa pro dictadura presentó las labores de
represión como “cruzadas contra la delincuencia denigrando así a las
figuras opositoras mediante su presunta asociación con acciones
delictivas”. Todos los casos de vulgares homicidios fueron
presentados durante 15 años como “enfrentamientos” para dar la
impresión de que existía una inexistente lucha armada.
DINACOS y los
periodistas a su servicio fabricaron dos libros apócrifos, “Plan
Zeta” y “Libro Blanco” que, como fueron inventados, contienen
descomunales falsedades, aunque en esos días nadie podía refutarlas.
Más tarde, cuando comenzaron las condenas en Naciones Unidas por la
brutal violación de los derechos humanos, la tiranía intentó
justificar los asesinatos de 119 opositores con la afirmación
absurda de que se trataba de “purgas internas”… Para ese propósito
se editó en Curitiba, Brasil, un supuesto periódico
O Dia (25-6-1975) y en
Buenos Aires (Argentina) se publicó una falsa revista
Lea. Ambos “medios” contenían la mentira de las purgas y aunque
fueron de una sola edición, sirvieron a la prensa chilena como
“fuente” para afirmar: “Feroz purga entre marxistas chilenos”
(diario La Tercera) o “Exterminan como ratas a miristas” (vespertino
La Segunda). Este montaje
en el que colaboraron los aparatos represivos de otros países es
conocido como el “Plan Colombo”.
En 2008, 35 años después
del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 con duración hasta
1990, varios de los responsables de los crímenes, militares,
policías militarizados y civiles, se encuentran en prisión o reos en
juicios que aún carecen de sentencia. Sin embargo, los cómplices
civiles gozan de buena salud y varios de ellos son miembros del
parlamento o concejales en municipios y jamás han optado por
entregar siquiera una explicación.
El único organismo no
castrense y al margen del Poder Judicial que ha actuado cuando menos
en el plano moral ha sido el Colegio de Periodistas que juzgó ante
el Tribunal de Ética a quienes en la etapa dictatorial fueron
colaboradores directos en la difusión y justificación de los delitos
antes reseñados. Todos recibieron sanciones y además el Colegio se
excusó ante los familiares de las víctimas. |
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