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Venezuela
Ernesto Carmona
Una corte de Honduras amenazó con multar y encarcelar a
Jhonny José Lagos, redactor del periódico
EL Libertador,
después que el medio preguntara a sus lectores si estaban a
favor o en contra de una “consulta pública” respecto a los
cambios constitucionales propuestos en la encuesta que debió
hacerse el domingo 28 de junio, denunció la Comisión
Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), de la
Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).
La corte notificó por escrito al periodista Lagos que le
aplicaría un castigo contemplado en el artículo 349 del
código penal, que se refiere a sanciones contra funcionarios
oficiales del gobierno, no a los periodistas. “Por qué uno
no puede preguntarle a la sociedad si está interesada en una
nueva constitución? ¿Acaso es ilegal hacer esa pregunta?”,
dijo el periodista.
Jhonny José Lagos manifestó que el
El Libertador no
hizo nada ilegal en interrogar a la opinión pública. Añadió
que, además del aviso publicado por la corte, también ha
recibido amenazas de muerte vía llamadas telefónicas y
e-mail. Observó que si cualquier cosa le ocurre, la
responsabilidad será de los “grupos de poder” de Honduras.
“Si repentinamente aparezco con tres heridas de puñal y nada
en mi cartera para hacerlo parecer un crimen común, o si
termino atropellado bajo las ruedas de un automóvil que lo
que ellos llamarán “un accidente”, o si encuentran cocaína
en mi bolsillo, ¡todo eso será falso!”, dijo Lagos.
El periodista indicó que detrás de las acciones en su contra
podrían estar dos ex presidentes de Honduras, Carlos Flores
Facussé y Ricardo Maduro, y los hombres de negocios Jorge
Canahuati y José Rafael Ferrari, ambos dueños de medios de
comunicación.
Desinformación total en Honduras
En Honduras hoy reina la desinformación, debido a la
represión, amenaza, bloqueo y detención de trabajadores de
los medios de comunicación. Los escasos medios cuya
existencia permite el gobierno de facto tampoco están
cumpliendo su misión informativa, que constituye la razón de
ser del periodismo. Amado López, director del Canal 36,
anunció que su estación fue silenciada el martes. La
estación tampoco pudo continuar transmitiendo sus imágenes a
Telesur.
Adriana Sívorí, de Telesur, se encuentra entre siete
periodistas internacionales que fueron maltratados y
detenidos en su hotel por más de 40 minutos. Además, les
quitaron sus teléfonos celulares y los sacaron del hostal.
Más tarde, el general Romeo Vásquez Velásquez, dijo que hubo
“una equivocación”.
Los medios permitidos por el gobierno golpista más bien se
dedican a catequizar a la gente, para que se acostumbren a
una “nueva vida”, según denunciaron dirigentes de
organizaciones sociales que apoyan el regreso de Manuel
Zelaya a la presidencia. “Significa que ciertas radio están
en tareas de “mentalización”, en vez de información”, dijo
el dirigente, quien denunció allanamientos y detenciones de
líderes populares y políticos vinculados a Zelaya,
efectuados durante la noche. Los alrededores del palacio
están militarizados, igualmente las carreteras y aeropuertos.
En Tegucigalpa hoy no existen medios informativos
propiamente tales, mientras proliferan amenazas a dirigentes
sindicales y de organizaciones sociales. Las radioemisoras
están copadas por militares, que permanecen esperando
órdenes. Los periodistas manifiestan que sienten miedo de
moverse y de hablar cosas que puedan resultar “indebidas”
por quienes los están vigilando. En definitiva, los medios
no funcionan y la prensa está bloqueada, pero la
comunicación social se ha vuelto horizontal: todas las
manifestaciones que están realizándose contra el gobierno
golpista son coordinadas horizontalmente, por vía telefónica 
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