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Estados Unidos
felap.info, Washington, D.C.
La Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), condenó la muerte de Juan Daniel Martínez
Gil, periodista de W Radio y de Radiorama Acapulco, cuyo
cuerpo fue encontrado el 28 de julio de 2009 en el estado de
Guerrero, México.
La Relatoría Especial llama a las
autoridades mexicanas a investigar estos hechos y a que se
esclarezca de manera pronta si estuvieron vinculados con la
actividad periodística del comunicador asesinado.
Asimismo, la Relatoría Especial
exhorta a que los responsables de este crimen sean
debidamente juzgados y sancionados. La Relatoría Especial
también insta a las autoridades mexicanas a que se
implementen mecanismos adecuados para proteger a los
periodistas en todo el territorio.
En la mañana del 28 de julio de
2009, el cuerpo sin vida de Martínez Gil fue encontrado por
integrantes de la Policía, que habían sido advertidos por
una llamada anónima, según la información publicada por la
prensa local y por organizaciones no gubernamentales.
El cuerpo reportero fue encontrado
enterrado en un lote vacío en el pueblo La Máquina, en el
estado de Guerrero. Estaba atado de manos y pies, tenía la
cabeza envuelta en una cinta marrón y había sido fuertemente
golpeado.
Martínez Gil era presentador de un
noticiero en W Radio y del programa “Guerrero en vivo” de la
emisora Radiorama Acapulco. Otro periodista de esa radio,
Amado Ramírez, fue asesinado en 2007.
Durante el presente año al menos
nueve periodistas han sido asesinados en la región por
motivos que podrían estar vinculados al ejercicio de su
profesión. Tres de esos reporteros han sido asesinados en
México. En 2006 se registraron nueve asesinatos y un
desaparecido en ese país. En el 2007 se reportaron tres
homicidios y tres desapariciones, y en 2008, cinco
asesinatos y una desaparición.
La Relatora Especial para la
Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, exhortó a las
autoridades mexicanas a que se esclarezca el crimen de
Martínez Gil, y a que los responsables sean juzgados y
sancionados.
Asimismo, hace un llamado al Estado
para que se impulsen las investigaciones en curso sobre los
crímenes y las amenazas contra periodistas, y para que se
adopten, lo antes posible, medidas urgentes que garanticen
la protección de los reporteros, como el fortalecimiento de
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos
Contra Periodistas, la federalización de los delitos contra
periodistas y la implementación de mecanismos permanentes de
protección especializados para garantizar la vida y la
integridad de los comunicadores en riesgo.
A este respecto, la Relatora
Especial recuerda que el Principio 9 de la Declaración de
Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala
que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, viola los derechos fundamentales de
las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada. (Washington, D.C, 30 de julio de 2009) |
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