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Estados Unidos
Amy Goodman
Las herramientas de comunicación masiva, que en una época
ocuparon sectores enteros de gobiernos y empresas, ahora son
del tamaño del bolsillo. Los teléfonos celulares pueden
filmar y enviar los videos a Internet mediante conexión
inalámbrica. La gente puede enviar relatos de testigos,
fotos y videos con sólo pulsar unas teclas, a miles y hasta
millones de personas mediante los sitios de las redes
sociales. A medida que se desarrollaron estas tecnologías,
también se desarrolló la capacidad de vigilarlas, filtrarlas,
censurarlas y bloquearlas.
Un informe del Wall
Street Journal publicado esta semana, indicó que “El
régimen iraní ha desarrollado, con la ayuda de empresas de
telecomunicaciones europeas, uno de los mecanismos más
sofisticados de control y censura de Internet del mundo, que
le permite examinar el contenido de comunicaciones
electrónicas individuales a escala masiva”.
El artículo menciona a Nokia Siemens Networks como el
proveedor de equipamiento capaz de realizar la “inspección
exhaustiva de paquetes de datos” (DPI, por su sigla en
inglés). La DPI, según el Centro de Información sobre la
Privacidad Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés), “permite
a los proveedores de servicios de Internet interceptar
prácticamente toda la actividad de Internet de sus clientes,
como los datos de navegación en Internet, el correo
electrónico y las descargas de intercambio de archivos
peer-to-peer”.
Nokia Siemens negó la afirmación, diciendo en un comunicado
de prensa que la empresa “proporcionó a Irán la tecnología
para la Intercepción Legal únicamente para monitorear
llamadas telefónicas locales”. Es justamente la cuestión de
qué es legal, la que debe abordarse. “Intercepción legal”
significa que la gente puede ser vigilada, ubicada y
censurada. Es preciso que se adopten normas mundiales que
protejan la libertad de comunicarse y discrepar.
China tiene un sistema muy sofisticado de vigilancia y
censura en Internet, conocido como “la Gran Muralla de Fuego
China”, que atrajo mucha atención antes de los Juegos
Olímpicos de 2008. Un documento filtrado en una audiencia de
derechos humanos del Senado de Estados Unidos implicó a
Cisco, una fabricante de
routers de
Internet con sede en California, en la comercialización de
tecnología al gobierno chino, para adaptarse a las metas de
vigilancia y censura. El gobierno chino ahora exige que
todas las computadoras vendidas después del 1° de julio de
2009 incluyan el software denominado Green Dam (Represa
Verde, en español), que los críticos dicen que le dará aún
más poder al gobierno para vigilar el uso de Internet.
Josh Silver, Director Ejecutivo de Free Press, un grupo de
política de medios, dice que las acciones de Irán y China
deberían alertarnos sobre cuestiones de vigilancia interna
en Estados Unidos. Silver me dijo: “Esta tecnología que
monitorea todo lo que circula a través de Internet es algo
que funciona, está disponible, y no hay legislación en
Estados Unidos que impida que el gobierno estadounidense la
utilice. Es de público conocimiento que la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), durante el
gobierno de Bush, durante los últimos siete, ocho años,
desde el 11 de septiembre en particular, le solicitó a las
principales empresas proveedoras de Internet, en particular
AT&T y Verizon, que usaran componentes tecnológicos
fabricados por algunas de estas empresas, como Cisco, que
harían lo que acabo de describir, que escucharían para
vigilar el contenido que circulaba en Internet y en las
líneas telefónicas en todo el país”. Este equipamiento fue
la columna vertebral del programa de “escuchas telefónicas
sin orden judicial”.
Thomas Tamm fue el abogado del Departamento de Justicia que
denunció el programa. En 2004, llamó a
New York Times
desde un teléfono público del subte y le contó al periodista
Eric Lichtblau sobre la existencia de un programa secreto de
vigilancia a nivel nacional. En 2007, el FBI allanó su casa
y confiscó tres computadoras y archivos personales. Aún
afronta un posible procesamiento.
Tamm me dijo: “Creo que puse a mi país primero (…) Tenemos
un procedimiento legal en vigencia a través del tribunal de
la FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) para
permitir las escuchas telefónicas legales de estadounidenses
que van al extranjero. Se debe poder demostrar causa
probable de que quizá están vinculados al terrorismo, pero
esa no es una dificultad para el gobierno. Y estoy
convencido de que muchos más estadounidenses fueron
sometidos ilegalmente a escuchas telefónicas de lo que
sabemos. No sabemos lo que se hizo con esa información. Y
apenas cuando empezamos a enterarnos de cuántas personas
fueron torturadas a nombre nuestro, también nos vamos
enterando de a poco sobre el alcance de las escuchas
telefónicas. Lamentablemente, debo decir que no me
sorprende, porque el gobierno no estaba cumpliendo la ley
cuando hablé con el
New York Times y, aparentemente, no la están cumpliendo
ahora tampoco".
El programa de escuchas telefónicas sin órdenes judiciales
fue considerado ilegal por una amplia mayoría. Luego de
haber cambiado abruptamente de posición en la mitad de su
campaña, el entonces senador Barack Obama votó junto con la
mayoría del Congreso para otorgar a las empresas de
telecomunicaciones, como AT&T y Verizon, inmunidad
retroactiva de ser procesadas. El
New York Times
recientemente informó que la NSA tiene una base de datos
llamada Pinwale, con millones de correos electrónicos
interceptados, incluso algunos del ex Presidente Bill
Clinton.
En una reciente audiencia del Senado, el senador Russ
Feingold le preguntó al Fiscal General de Estados Unidos,
Eric Holder, si creía que el programa original de escuchas
telefónicas sin orden judicial era ilegal.
El senador Russ Feingold dijo: “Ahora que es Fiscal General;
¿tiene alguna duda sobre la ilegalidad del programa de
escuchas telefónicas sin orden judicial?”.
Eric Holder respondió: “Creo que el programa de escuchas
telefónicas sin orden judicial, con las características que
tenía en ese momento, fue ciertamente desacertado, ya que se
implementó sin aprobación del Congreso”.
El senador Feingold preguntó: “¿Pero cree que fue ilegal?”.
Holder respondió: “Bueno, como ya dije, no se ajustaba a la
Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y era
desacertado como política”.
Los disidentes en Irán y China permanecen firmes a pesar de
la represión, que es posibilitada, en parte, por los equipos
de empresas estadounidenses y europeas. En Estados Unidos,
el gobierno de Obama está siguiendo un camino peligroso en
relación con los programas de espionaje de la era Bush, que
deberían ser suspendidos y puestos a consideración de la
justicia, en lugar de ser ampliados y defendidos.
Denis Moynihan colaboró en la investigación de esta columna. Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org |
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