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Chile/Remembranzas obligadas
Hernán Uribe
Aunque el hecho
ocurrió hace 26 años, los periodistas de Perú no han
olvidado que el pretencioso demócrata Mario Vargas Llosa
actuó con pasividad y una dosis de mala fe ante el asesinato
de ocho informadores limeños en la más alevosa masacre de
estos profesionales que haya ocurrido en la historia de
América Latina. El escritor, también político siempre
fracasado, estuvo ligado a las acciones dirigidas a
esclarecer el crimen.
Fue el 23 de enero
de 1983 el día en que se perpetró el homicidio simultáneo de
los periodistas(1)
en el poblado de Uchuraccay, departamento de Ayacucho,
territorio que vivía bajo una suerte de ley marcial, léase,
que estaba controlado por fuerzas militares y policiales que
luchaban en contra de la guerrilla de Sendero Luminoso. Los
reporteros asesinados se habían detenido allí con el
objetivo profesional de averiguar sobre la matanza de siete
campesinos, cuyos ejecutores, se dudaba, podían ser miembros
de Sendero o de patrullas castrenses.
Como respuesta a
protestas de periodistas y organizaciones sociales, que
surgieron en Perú y otras naciones latinoamericanas, el
presidente Fernando Belaúnde nombró una Comisión
Investigadora de tres personas, Vargas Llosa incluido, quien
actuó como presidente de ella y encargado de redactar el
informe del dramático episodio. Las víctimas habían sido
muertas a golpes de hachas y sepultados de a dos cuerpos en
cuatro remedos de ataúdes.
El Informe Vargas,
que así fue llamado, aceptó la versión del mando militar de
la zona el cual aseguraba que los informadores fueron
ejecutados por los propios comuneros de Uchuraccay quienes
los habían confundido con “terroristas” porque, entre otras
cosas, portaban una “bandera roja” (sic). Adelantemos que la
historia de la bandera era burda pues nada tiene que ver con
el trabajo reporteril. Hay más: fotografías captadas por
Willy Retto, uno de los asesinados, y encontradas tres meses
después de la masacre, demuestran que los periodistas
convivieron amistosa y pacíficamente con los comuneros.
El 12 de diciembre
de 1984 y a propósito del documento de Vargas escribimos en
el diario mexicano
Excélsior: “Consciente de que al público al que se
dirige primordialmente, puede vendérsele exóticas pomadas,
señala como explicación básica la supuesta existencia de
“dos Perú”, el moderno de las ciudades y el ancestral y
mágico de las montañas andinas. El crimen de Uchuraccay fue
pues, para él, poco menos que un ritual y nada tiene que ver
con el contexto de la guerra sucia declarada en la zona”.(2)
Las afirmaciones
contenidas en el Informe Vargas –que el autor vendió como
artículo a la prensa estadounidense y europea– fueron
desechadas por los familiares de las víctimas y luego por la
justicia peruana que actuó luego de sortear las vallas
impuestas por los militares.
En noviembre de
1984, el juez Ventura Huyhua, que tomó el caso, decidió
enjuiciarlo y no sólo desmintió a Mario Vargas Llosa sino
que asimismo lo encarceló en la ciudad de Ayacucho. El
detenido clamó que había sido vejado… Vargas fue defendido
por el presidente Belaúnde y algunos parlamentarios, mas en
réplica, Mario Cavalcanti, abogado de los familiares de los
asesinados, pidió que se le enjuiciara también “por haber
iniciado una campaña de desprestigio en contra de los jueces
y pretender así, intimidar al tribunal que investiga el
crimen cometido en Uchuraccay”. El seis de diciembre de 1984
la Corte Suprema respaldó al tribunal.
Así terminó una de
las tantas aventuras del “gran demócrata”.
(1)
Los caídos y sus medios:
Jorge Sedano Falcón, diario La República (Lima);
Eduardo de la Piniella, diario Marka (Lima); Willy
Retto Torres, diario El Observador (Lima); Pedro
Sánchez Gaviria, Marka; Amador García Yanque,
semanario Oiga (Lima); Jorge Luis Mendevil Trilles,
El Observador; Octavio Infante García, diario
Panorama (Huamanga); Juan Argumedo García, guía.
Una semana después
mataron a Félix Gavilán, corresponsal de Marka
(2)
Uribe, Hernán |
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